Las novedades acontecidas en Entre Ríos por la Resolución UIF 25/2011 que se trataron en el post del día de ayer están generando repercusiones en los medios. Se transcribe a continuación el artículo de Hernán Gilardo publicado hoy en iprofesional.com
Lavado de dinero: la Justicia le pone freno a las nuevas obligaciones para contadores
“A poco mes de su entrada en vigencia, la Justicia frenó la aún flamante resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) que decidió aumentar las tareas a cumplir por los contadores a fin de prevenir el lavado de dinero.
En efecto, un magistrado de primera instancia entrerriano resolvió que el organismo a cargo de José Sbatella no debe delegar las funciones de contralor, regulación y supervisión ya que son tareas propias de la administración pública.
La flamante sentencia, que ya está siendo comentada en los estudios contables más importantes del país, se inicia debido a la presentación judicial elevada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Para acceder al texto completo de la interposición http://matiasbandin.blogspot.com/2011/02/responsabilidad-profesional-accion-de.html
El fallo cuestiona la implementación de la reciente resolución 25/2011 emitida por la UIF. La polémica norma -que entró en vigencia el 21 de enero pasado- establece que los profesionales en Ciencias Económicas deben reportar las operaciones "sospechosas" de sus clientes.
En otras palabras, ante la nueva resolución, los contadores tienen que informar las transacciones que -según su criterio- no guarden relación con las precedentes, que sean inusualmente elevadas o que involucren operaciones con paraísos fiscales.
En este contexto, desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas (Facpce), Guillermo Fernández, señaló oportunamente que la cuestionada resolución 25/2011 "es de difícil cumplimiento en lo inmediato".
Y agregó que "hay que tener en cuenta que los contadores cumplen una función de asesoramiento" y que "las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes".
Freno a la avanzada
Una vez analizada la presentación elevada por el Consejo entrerriano, el Juez Federal Subrogante, Aníbal Ríos, decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, disponer que se suspendan los efectos de la resolución 25/2011, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva disponiendo, además, la comunicación a la Procuración del Tesoro de la Nación.
El juez agregó que el deber de los contadores de informar las operaciones ante la UIF "no puede ni debe implicar el traslado a los obligados de funciones regulatorias, de contralor y supervisión que luce prima facie como propias de los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas o autárquicas".
"De lo contrario se desplaza la carga inherente de contralor hacia otros sujetos que desempeñan otro tipo de tareas, roles y funciones en la sociedad. Es menester, para evitar tal traslado, que las pautas o parámetros para la cooperación sean objetivas, claras y adecuadas a la realidad interna del tráfico comercial y de los operadores que interactúan en el mismo", agregó el magistrado. Para acceder al texto completo del fallo ver http://matiasbandin.blogspot.com/2011/02/responsabilidad-profesional-sentencia.html (link modificado del original) Una decisión correcta
Desde el Estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados, no dejaron lugar a dudas al analizar la importancia de la sentencia: "Los contadores públicos están formados, dentro de la legalidad y no dentro de la duda, propio de los funcionarios policiales que trabajan para combatir el delito".
En igual sentido se manifestó, Emilio Cornejo Costas, miembro de Lisicki, Litvin & Asociados, al asegurar que "la sentencia es acertada, pues mediante la resolución cuestionada no sólo se está delegando en los profesionales, en forma desproporcionada y confusa, una buena parte del compromiso asumido por el Estado en su lucha contra el lavado de activos, sino que se les está imponiendo la obligación, bajo amenaza de severas sanciones, de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, cuya determinación es sumamente compleja".
"De esta forma, se los está colocando en una especie de custodio o garante para evitar el delito de lavado de dinero", agregó Cornejo Costas.
A su vez, el profesional de Lisicki, Litvin & Asociados remarcó que "tales medidas terminan siendo superfluas ya que la UIF todavía no cuenta con los recursos humanos y económicos necesarios para procesar e investigar toda la información que eventualmente recibirá".
"En definitiva, una vez más, el sistema termina siendo un calvario para todo aquél que interviene lícitamente en la economía, sin ningún resultado práctico de detección de lavado de activos", concluyó Cornejo Costas.
Desde la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos), Nicolás Yasi, agregó que "el fallo es un justo reconocimiento a la traslación de tareas propias de la administración a terceros que viene dándose desde hace tiempo atrás debido a otras medidas similares implementadas por el Gobierno nacional y las provincias".
Si bien es saludable la sentencia, Marcelo Domínguez, Coordinador de la Comisión Tributaria de la Facpce, aclaró que "la medida cautelar de no innovar, otorgada por la Justicia Federal de Paraná, sólo beneficia a los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos".
"Resultaría saludable que se aclare, para todos los profesionales del país, la presente situación de incertidumbre sobre sus obligaciones ante la UIF", reclamo Domínguez.
Más allá del alcance de la medida, Flavia Melzi, consultora tributaria, añadió un punto no menor: "Teniendo en cuenta que la resolución 25 delega en los Consejos Profesionales el dictado de normas tendientes a su aplicación, será sin dudas la propia profesión, a través de sus cuerpos representativos, la que establezca los mecanismos y límites en la labor del matriculado".”
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó su rechazo a la posibilidad de que una reforma a la Ley Nº 25.246 convierta a los letrados como agentes obligados a denunciar ante la Unidad de Información Financiera(UIF) posibles operaciones sospechosas de sus clientes, situación que atentaría en contra del secreto profesional.
