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martes, 28 de junio de 2011

Novedades IASB - Se ha constituido el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera


Tal como se puede observar en la web de la FACPCE se informa que, en el marco del evento CReCER, se firmó el 28 de junio de 2011 el acta de constitución del GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera o GLASS en inglés) y se nombró su primer directorio. Siendo informado, mediante una comunicación telefónica, al presidente del IASB, Sir David Tweedie.

Los objetivos específicos del GLENIF son:
  • Interactuar ante el IASB en aspectos técnicos, respetando la soberanía nacional de cada país miembro, para hacer contribuciones técnicas directas al IASB. La interactuación estará enfocada a todos los documentos emitidos por el IASB. Eso incluye, por ejemplo, papeles para discusión, borradores de normas, audiencias públicas, normas promulgadas como obligatorias y revisión de las normas existentes y presentación de propuestas de cambio y/o mejora que contemplen las situaciones específicas de los países de la Región, etc.
  • Promover la adopción y/o la convergencia con las normas emitidas por el IASB en las jurisdicciones de la región y su aplicación consistente.
  • Cooperar con gobiernos, reguladores y otras organizaciones regionales, nacionales e internacionales para contribuir al mejoramiento de la calidad de los estados financieros en la región.
  • Colaborar en la difusión de las normas emitidas por el IASB en la región, particularmente en el país a que pertenece cada organismo emisor.
  • Ofrecer propuestas a la agenda del IASB y coordinar el alineamiento con la agenda de la región.
  • Actuar en las reuniones técnicas de los “NSS – National Standard Setters” y de los “WSS – World Standard Setters”, que se considere conveniente, respetando la soberanía nacional de cada país miembro que participe en ambos grupos.
  • Interactuar con otros organismos de Latinoamérica (UNASUR, MERCOSUR, CAN) en temas relacionados con la normatividad contable.
Los miembros del GLENIF son:

País
Organismo
Argentina
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
Brasil
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
Bolivia
Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia (CAUB)
Chile
Colegio de Contadores de Chile
Colombia
Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)
Ecuador
Superintendencia de Compañías
México
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A.C.(CINIF)
Panamá
Comisión de Normas de Contabilidad Financiera de Panamá (NOCOFIN)
Paraguay
Colegio de Contadores del Paraguay (CCPy)
Perú
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC)
Uruguay
Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU)
Venezuela
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV)

Estando su primer directorio a cargo de los siguientes organismos:
  • Presidente:  
    • Conselho Federal de Contabilidade (CFC) (Brasil)
  • Vice-presidente:  
    • Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) (Argentina)
  • Directores: 
    • Colegio de Contadores de Chile (Chile)
    • Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A.C.(CINIF) (México)
    • Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) (Uruguay) 
    • Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) (Venezuela)
Fuente: FACPCE

lunes, 27 de junio de 2011

Por los Medios - Los efectos contables e impositivos de la prohibición del ajuste por inflación


Es bien sabido que la profesión es ampliamente consiente de las consecuencias de la falta de reexpresión de las partidas contables, también es de amplio consenso entre los profesionales la necesidad de volver a aplicar dicho ajuste, pero como todos sabemos, más allá de la razonabilidad contable hay cuestiones de tipo político que, desde la profesión, es muy difícil de enfrentar. Y todo esto sin entrar en la discusión (también de tipo política) sobre cuáles son los índices de inflación más cercanos a la realidad, pero con la seguridad de que, incluso tomando los índices oficiales, estaríamos en una situación que amerita ampliamente el retorno del ajuste.



Se transcribe a continuación una nota al respecto publicada ayer 26 de junio en Clarín cuyo autor es  José Luis Ceteri


“La inflación mayorista, según el INDEC, desde el año 2002 a la fecha fue del 365%. Pero este dato objetivo no se reflejó totalmente en los balances de las empresas ni en los mínimos y deducciones impositivas. En materia contable sólo se permitió el ajuste desde enero de 2002 a marzo de 2003, incorporándose de esta manera un 120% en los rubros no monetarios de los estados contables.


Por esto, de los balances surgen valores heterogéneos que no permiten la correcta determinación de resultados ni la comparación de los rubros que lo componen. 


Por haber pasado casi una década sin reconocimiento de la inflación, corresponde hacer las siguientes preguntas: ¿Qué analiza un banco cuando recibe un balance?; ¿Cómo distribuye utilidades una sociedad basándose en resultados históricos?; o ¿Qué balance analiza un inversor? La falta de ajuste produce que se paguen más impuestos porque, al no actualizarse las deducciones ni los mínimos, se abona por utilidades “imaginarias” y de esta forma se afecta el patrimonio de las empresas.


Algunos ejemplos prácticos darán más idea de estos conceptos: Utilidades contables irreales La sociedad cierra su ejercicio en el mes de diciembre de cada año. Vendió mercaderías en el mes de diciembre de 2010 por $ 100.000, que tenía en su inventario inicial por un valor de costo de $ 60.000. Al no ajustarse por inflación el balance dio como resultado una utilidad de $40.000. Pero, si se hubiera utilizado el índice de precios mayorista (INDEC), el costo de la venta actualizado hubiera sido de $68.736 y la utilidad real llegaría a $31.264 (en lugar de $40.000). Si la sociedad distribuye dividendos de acuerdo a la utilidad sin ajustar, estaría repartiendo $8.736 que en realidad no ganó.


Patrimonio subvaluado La empresa posee desde el año 2006 maquinarias e instalaciones que suman $1.000.0000 de valor de costo original. El valor contable neto de amortizaciones, según el balance 2010, asciende a $500.000. Pero, en realidad, si se hubiera calculado el ajuste contable, el activo de bienes de uso hubiera llegado a $787.379. De esta manera el patrimonio se encuentra subvaluado, influyendo negativamente para el correcto análisis que puedan hacer terceros (bancos, accionistas e inversores). 


Pagar más impuestos La firma vende una máquina que utilizaba como bien de uso en su proceso productivo normal y habitual. La había adquirido en el año 2007 en $80.000, ahora la vende en $100.000. El valor de costo neto de amortizaciones es de $48.000, por lo tanto deberá pagar impuesto a las Ganancias $18.200 (35% sobre la utilidad de $52.000). Si se hubiera actualizado impositivamente el costo, por el IPIM (INDEC), el impuesto hubiera dado $10.746. Por esto mismo, sin ajuste se paga un 69% más.


Los antecedentes Después de la crisis del 2001, la ley de Emergencia Pública (25.561) y el decreto 214/02 mantuvieron sin aplicación las normas legales que establecen o autorizan indexaciones de precios, actualizaciones monetarias, variaciones de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas de bienes y servicios.


Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo a través del decreto 1269/02, instruyó a los diferentes organismos para que dicten las reglamentaciones necesarias para que los balances se confeccionen en moneda constante. Pero, en el año 2003, por el decreto 664 el Ejecutivo volvió para atrás y suspendió el ajuste por inflación contable. 


Por el lado de los impuestos, a pesar que cada una de las leyes impositivas obliga a actualizar los mínimos y las deducciones, la inflación está “suspendida” – desde abril de 2003 –, por la ley 24.073 de la época de la convertibilidad.”


Fuente: Diario Clarín http://www.ieco.clarin.com/economia/efectos-contables-impositivos-prohibicion-inflacion_0_506349580.html

viernes, 24 de junio de 2011

Internacionales – ¿El Enron Sudamericano?- El caso La Polar en Chile


En estos últimos días se ha suscitado un escándalo financiero de proporciones en el país trasandino. Dicho escándalo se encuentra originado en las prácticas fraudulentas (incluyendo en la confección de sus estados  financieros) de una de principales empresas de retail de dicho país.  Del análisis del caso cabe preguntarse qué posibilidades hay de una réplica similar en nuestro país.

Dicha empresa es La Polar que, junto a Paris, Ripley y Falabella, es una de las estrellas del retail de Chile. Para hacer un poco de historia, y poner en tema a quienes no conocen el vecino país podemos decir que La Polar fue fundada en 1905 como una sastrería para en 1953 convertirse en una tienda de múltiples productos. Hacia fines de los años 80, La Polar comienza su expansión en locales para convertirse en una cadena de grandes tiendas. En 1989 entran en el negocio crediticio al sacar su tarjeta de crédito para compras en la cadena. La empresa inició su expansión dentro de Santiago y otras regiones en la década siguiente, alcanzando 12 locales a 1998. A principios de 1999, el fondo de inversión Southern Cross adquirió los activos fijos, la marca y el 51,71% de los pasivos. Durante su gestión, Southern Cross reorientó la estrategia de la compañía enfocándose en sectores de clase media y baja, diferenciándose de los otros grandes del retail chileno. En 2002 abrieron su tienda virtual y comenzaron a establecer alianzas con otras empresas permitiendo el uso de la tarjeta de crédito en sus locales. La estrategia tuvo gran éxito y los ingresos de la empresa se triplicaron, pasando de 99 mil millones de pesos en 2001 a 303 mil millones en 2006, mientras las utilidades pasaron de 4 mil millones a 27 mil millones en el mismo periodo. En 2003, la empresa inicia la transacción de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y en 2006 Southern Cross transfiere un 20% de la propiedad en 158 millones de dólares a la familia Bemberg, uno de los principales grupos económicos de Argentina. Ya a 2010, La Polar totaliza 40 tiendas. El año 2008 marcó el inicio de la internacionalización de la empresa, cuando decidió iniciar operaciones en Colombia, lo que se concretó en 2010 cuando inauguraron su primera tienda en el principal centro comercial de Bogotá (texto adaptado de Wikipedia). 

En los distintos medios periodísticos (tanto los diarios tradicionales como blogs) se trata este tema que ha conmocionado a la opinión pública, a modo de ejemplo, se puede citar un artículo de Roberto Pizarro1, publicado en http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-polar-estafa-financiera-en-chile “La Polar (...) ha planificado e implementado una estafa que ha estremecido a la sociedad chilena. Sus directores y ejecutivos maquillaron la contabilidad de la empresa con el propósito de mostrar cifras azules en los balances financieros y así promover la compra de acciones del público, mientras ellos las liquidaban a buenos precios en el mercado. Ha sido un escándalo nacional, que ha afectado a accionistas, pensionados de las AFP (Fondos de pensiones privados, como lo eran las AFJP argentinas, que invierten los aportes de los trabajadores en acciones y títulos) y cientos de miles de clientes. La fe pública y la propia imagen del país se han deteriorado.”

Continua el mismo artículo diciendo que El auge del retail en Chile se encuentra estrechamente vinculado al negocio financiero. Comenzó como herramienta para potenciar ventas, convirtiéndose posteriormente en un negocio autónomo. Estas empresas se han concentrado en atacar nichos de mercado que no son segmento objetivo para la banca, logrando rentabilidades extraordinarias. El negocio financiero de las tarjetas de crédito es el componente más importante de los ingresos totales de las compañías de retail, enfocado en clientes de estratos C3 y D; vale decir, las familias de más bajos ingresos.”, o sea, aprovecharse de los que menos tienen dándoles la posibilidad “ficticia” de acceder a bienes que no podrían adquirir con sus ingresos tradicionales.

Obviamente el préstamo al consumo de quienes tienen un menor poder adquisitivo para honrar sus deudas tiene un alto riesgo de morosidad y, por ende, de incobrabilidad, pero Pizarro nos cuenta como La Polar convirtió la morosidad en una herramienta para maquillar sus Estados Financieros, gracias a la estafa permanente de los pobres usuarios de sus líneas de crédito, que por algún motivo, se atrasaban en sus pagos, “en el caso de la Polar el negocio financiero se convirtió en una perversión, ya que no sólo expolió con tasas de interés usureras, sino que utilizó a sus clientes morosos como instrumentos para transformar una compañía virtualmente en quiebra en una empresa próspera. En efecto, La Polar realizó repactaciones automáticas unilaterales de las deudas con sus clientes, incluyendo sobre-intereses, mora, gastos de cobranzas, etc. Así, la contabilidad transformaba cifras rojas en azules, se posponía la deuda anterior mediante la repactación, y se mostraba un crédito nuevo. Es la  “contabilidad creativa”, fraude inventado por los ejecutivos de Enron y Worldcom, en los EE.UU., para inflar ganancias, engañar al público y accionistas. Su propósito: favorecer la posición en la bolsa para que los inversionistas sigan comprando acciones mientras sus ejecutivos las venden. Y, al mismo tiempo, el directorio recibe jugosas ganancias y los ejecutivos bonos por buen desempeño.”

Otro autor, en este caso Carlos Correa, en su artículo publicado en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/06/10/la-polar-o-como-nos-contagiamos-del-sindrome-arthur-andersen hace un paralelismo con Enron diciendo “La Polar, al igual que Enron tenía sus estados financieros auditados por una de las más respetadas de la plaza: Price Waterhouse Coopers, conocida cariñosamente como PwC. La auditoría firmada el  día 15 de marzo de 2011 aprobaba los estados financieros y por tanto, las provisiones tomadas y las jugosas utilidades. No es casualidad que en el hecho esencial se saque a Price, reemplazándola por otra. Pero el problema no es la empresa auditora, sino una lección del caso Enron que no ha sido corregida en Chile.”

Y continua describiendo a, lo que llama, “Síndrome Arthur Andersen”, al cual destaca como uno de los responsables del problema: “uno de los asuntos polémicos del caso Enron que fue largamente descrito en el  libro Final Accounting sobre el rol de Arthur Andersen en esa crisis, es la dualidad que tenían las empresas auditoras como vendedoras de servicios de consultorías a la vez auditaban los estados financieros. En el libro se describe  con lujo de detalles, como el área de consultoría presionaba al área de auditoría para que no fuera tan estricta en sus revisiones, cosa de no perder  un cliente, ya que los ingresos por otros servicios eran más atractivos para las auditoras. Y al igual que ocurre hoy en Chile, las empresas auditoras tienen mejores ingresos a través de sus áreas de consultoría que dando fe de la certeza de los estados financieros. Una revisión de la web de la empresa auditora de La Polar  muestra la importancia que le asignan a estos negocios anexos, convertidos en el rubro principal.”

Evidentemente, y tal como ocurrió con Enron, podemos estar recién ante la punta del iceberg, por lo que se debe seguir con detenimiento el trascurso de los hechos, pero citando por  última vez a Pizarro “Los directivos de La Polar deben responder ante la ley y la clase política ante la sociedad. Los primeros por fraude; los segundos por negligencia.”

1 Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile,  ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile)

miércoles, 22 de junio de 2011

Por los Consejos - Cuyo – Los profesionales de ciencias económicas de San Luis aplicarán firma digital

Tal como se observa en su página web (http://www.cpcepsl.com.ar)  "el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis se convirtió en autoridad de registro remota de esa herramienta. Los profesionales firmarán bajo la política de certificación de personas vinculas.

En busca de aprovechar las ventajas que ofrece la firma digital, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de San Luis firmó un convenio con la Universidad de La Punta (ULP) para constituirse en autoridad de registro remota de firma digital, del Instituto de Firma Digital (IFD). Los profesionales que nuclea este organismo firmarán digitalmente bajo la política de certificación de personas vinculadas.

"De a poco vamos alcanzando a los distintos colegios de profesionales. Comenzamos con el de escribanos, luego abogados, y ahora tendrán firma digital los contadores de la provincia. En el caso de los contadores que trabajan dentro de la administración pública tendrán dos certificados de firma digital: uno bajo la política de agentes del Estado, que aseverará que trabajan en el Estado y el rol que cumplen. En caso de ser peritos en alguna actuación judicial, tendrán la certificación del colegio de profesionales", expresó Lucia Vera, directora del IFD.

Por su parte, Juan Carlos Rosso, presidente del CPCE, comentó que contar con esta herramienta es importante porque es el primer consejo económico del país que implementará la rúbrica digital. "Hemos recibido la petición de los profesionales que actúan como peritos o síndicos en la Justicia para contar con esta herramienta. Además, será de utilidad tanto para contadores, licenciados en ciencias económicas, y administradores de empresas. Permitirá firmar los balances de forma remota, se agilizarán los trámites y se ahorrará papel. Esto favorece la despapelización de cara al futuro", detalló.

Como autoridad de registro, entre las funciones que deberá cumplir, el CPCE asistirá y receptará las solicitudes de emisión de certificados. También validará la identidad y autenticará los datos de los titulares de los certificados, entre otras tareas."

Fuente: CPCESL 

martes, 21 de junio de 2011

Responsabilidad Profesional – Sanción de la Ley 26.683

En el Boletín Oficial del día de la fecha (21/06/2011) se publicó la Ley 26.683 (http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183497/norma.htm) que establece las modificaciones al Código Penal y a la Ley de prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246), que fueron aprobadas por el Congreso de la Nación en la sesión del 01/06/2011.

Entre las principales reformas introducidas por la presente reforma se destacan:
  • Se incorpora al Código Penal la tipificación de lo que se denomina "delitos contra el orden económico y financiero".
  • La UIF se encuentra facultada para requerir información a la AFIP sin solicitar la intervención de un Juez Federal.
  • La UIF será la encarga de analizar la información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos proveniente de la comisión de los delitos previstos en la ley penal tributaria y previsional (Ley 24.769) y de la trata de personas.
  • Se incorporan como nuevos sujetos obligados a informar, entre otros, a: el INAES; el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia; las asociaciones mutuales (Ley 20.321); las cooperativas (Ley 20.337); los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micrómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos; las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso; y las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
  • Se podrá disponer de la reserva de identidad de testigos o imputados que hubieren colaborado con la investigación. Asimismo, el que revele la identidad reservada de estos será reprimido con 1 a 4 años de prisión y una multa de $ 50.000, siempre que no configure un delito más severamente penado.
  • Se modifica el procedimiento de selección del Presidente y Vicepresidente de la UIF y se incorpora la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda removerlos de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones u otros supuestos.
  • La información que reciba la UIF por parte de los sujetos obligados a informar solo podrá ser utilizada en el marco de una investigación en curso. Las denuncias no podrán ser anónimas.
Asimismo, subrayamos que mediante el decreto 825/2011, el Poder Ejecutivo promulga la norma y observa el artículo 25, que establece que la UIF no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales.

Fuente: Errepar

jueves, 16 de junio de 2011

Por los Medios - Los "cuatro grandes" estudios de auditoría juegan al límite de la ley laboral con sus empleados


Interesante nota publicada en el portal de noticias de BAE que se transcribe la misma a continuación:
Ernst & Young, Deloitte, PriceWaterhouse&Coopers y KPMG emplean a unos 10 mil jóvenes en el país, pero apenas el 20% está bajo convenio. Su modelo apunta a evitar paritarias, flexibilizar y rotar rápido, al estilo norteamericano.
 
Las cuatro grandes compañías que se reparten en el mundo el negocio de la auditoría y el outsourcing contable –conocidas como las “Big Four” en el mundillo de los contadores– son cada vez menos atractivas para los profesionales (en su inmensa mayoría jóvenes) que emplean en la Argentina.

Pese al crecimiento de los últimos años y el incremento de las ganancias de las empresas a las que prestan servicios, las multinacionales mantienen a más del 80% de su personal fuera del convenio que regula la actividad (el de Comercio), no pagan las horas extras según lo que marca la ley local y aprovechan la alta rotación de sus planteles para abonar sueldos hasta un 50% inferiores a los de los técnicos que trabajan directamente para las empresas que tercerizan servicios con ellas.

Así lo pudo establecer BAE tras dialogar con media docena de sus empleados y acceder a recibos de sueldo de varios de ellos. Las empresas en cuestión son casi desconocidas para el argentino promedio, pero poderosísimas a nivel mundial y muy influyentes en el ambiente de los negocios locales.

Se trata de Price Waterhouse & Coopers (PWC), Ernst & Young, Deloitte y KPMG. Tienen entre 2.000 y 3.000 empleados cada una y estudios en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

Sus servicios son utilizados por empresas líderes de todos los sectores de la economía. Según los testimonios recogidos, la principal fuente de malestar entre los empleados de las “Big Four” en la Argentina es el desfase creciente entre los salarios de los auditores que trabajan para ellas y los de quienes realizan exactamente las mismas tareas, pero dentro de las firmas que suelen contratarlas, casi todas de gran porte. “Tengo 24 años, soy contador de la UBA y gano $3.400 de bolsillo por jornadas que deberían ser de ocho horas, pero que se extienden cada vez que hay que completar un trabajo”, explicó uno de los empleados de Deloitte consultados, cuya identidad se preserva para evitar represalias. “En empleos similares, las empresas no ofrecen menos de $6.000 de sueldo bruto (unos $5.000 netos)”, agregó. Como procuran tentar a los mismos empleados potenciales (estudiantes o recién recibidos), las cuatro firmas ofrecen sueldos casi calcados. En PWC, un contador con varios analistas juniors a cargo cobraba a principios de este año $4.500 netos, un monto bajo incluso para las pymes promedio.

Dado que sólo los administrativos se rigen por la paritaria de Comercio, el piso salarial de $4.000 que se apresta a firmar el sindicato de Armando Cavalieri no impactará sobre los sueldos de los juniors que figuran por debajo. Con las horas extras el trato es distinto.

Ernst & Young las paga al 150% de su valor como exige la Ley de Contrato de Trabajo, pero previa aprobación por parte del gerente del área. Sus empleados no siempre obtienen esa venia y en algunos casos temen solicitarla por temor a perder otros beneficios .

Deloitte, en cambio, computa las primeras 80 horas extras que hacen por año los juniors y las canjea por francos compensatorios que deben tomarse en el año siguiente, según los empleados consultados. Ante la consulta de BAE, la gerenta regional de Recursos Humanos del estudio, Fabiana Gadov, aseguró que “en Deloitte no se compensan horas” y hasta calificó como “aberrante” esa práctica.

La lógica de management que rige a los cuatro estudios es el up or out (arriba o afuera), según el cual los empleados deben “ganarse” su ascenso para acceder a un buen salario. Caso contrario la idea es que no quieran permanecer más tiempo allí que unos meses, o a lo sumo un par de años. Es el modelo estadounidense, donde las paritarias no existen y los sindicatos no tienen casi jurisdicción.

El esquema del up or out también juega con las aspiraciones profesionales de los jóvenes que buscan una vidriera en los estudios. “Trabajar en firmas internacionales como éstas le sirve a cualquier profesional para potenciar su carrera. Es ser un profesional independiente asociado a otros como él”, dijo a BAE Juan Carlos Lynch, vocero de PWC. “Por eso la demanda de posiciones es todos los años superiores a los puestos que se abren”, opinó.

Como buscan desterrar la negociación colectiva, los estudios hacen énfasis en los “bonus por productividad” (individuales) y otorgan aumentos en función de “evaluaciones de desempeño” que realizan anualmente. Pero, en general, lo que surge de esas evaluaciones son ascensos –que conllevan mayores responsabilidades– y no recomposiciones salariales por el alza del costo de vida.

El desfase con los salarios del mismo ramo se da, además, por el retraso acumulado en los últimos años. Deloitte, por caso, no dio aumentos generalizados a su personal entre junio del 2008 y marzo del 2010. Fue cuando más obtuvo la mayoría de los gremios.