En el día de hoy salió publicado en el diario La Nación un
artículo de Hugo Alconada Mon escrito en base a una investigación realizada sobre
la Inspección General de Justicia (IGJ) y su accionar para detectar empresas
fantasmas o con irregularidades.
Sacando de lado un cierto tenor político que tiene la nota (y
que no es intención de este blog entrar en dicho debate) si se pueden obtener algunos
datos de interés, según el artículo:
- “La IGJ detectó más de 600 sociedades que ampliaron su capital, modificaron su domicilio o incluso se constituyeron con personas fallecidas hasta 15 años atrás.”
- “En esa línea, un amplio porcentaje de las sociedades constituidas por muertos son "consultoras", con objetos sociales amplios, en tanto que los fallecidos figuran inscriptos ante la AFIP en ese rubro. Más aún, en la mayoría el difunto apareció como se presidente, para después cambiar las autoridades y desaparecer del Boletín Oficial.”
- “El hallazgo de esas sociedades fue el fruto de un proceso de depuración que entre fines de 2011 y principios de 2012 llevaron adelante los técnicos de la IGJ”, proceso que los contadores padecimos bajo el nombre el reempadronamiento.
- “Ese esfuerzo de sus técnicos permitió detectar más de 24.200 sociedades activas en los que aparecían fallecidos como miembros de directorios y consejos de administración, es decir, funciones en las que debían firmar documentos de esas sociedades.”
- “La diferencia entre ambos grupos es que en el universo más amplio, las 24.200 entidades presentaron algún trámite con todos sus miembros vivos, pero luego uno de ellos falleció sin que se informara el deceso a la IGJ, ni se designó a otra persona en su reemplazo. En el mejor de los casos, por desidia o porque la firma se desarmó en los hechos.”
- “En el segundo grupo, derivado del primero y con poco más de 600 firmas, en cambio, el fallecimiento ocurrió antes de que alguien presentara el trámite de la sociedad con su rúbrica ante la IGJ, es decir, a sabiendas de que el muerto estaba ya bajo tierra.”
- “La existencia irregular de esas entidades debería también ser informada a la unidad antilavado (UIF) y a la AFIP, ya que, según muestran los antecedentes históricos, estas firmas son instrumentos habituales para el lavado de activos y la evasión.”
Aunque la nota demuestra que el
organismo debe mejorar en sus políticas internas para evitar y detectar estos
casos creo que es importante destacar que la profesión debe reforzar ciertas
prácticas a fin de poder detectar a posibles clientes que oculten su verdadero
cometido y busquen estafar al profesional en su buena fé.
Obviamente
dejo de lado a aquellos profesionales que, a sabiendas, deciden trabajar
igualmente con estos “clientes”, pero se sabe que en la actualidad, con la
escusa de mantener honorarios para no quedar fuera de mercado, muchos
profesionales aceptan infinidad de clientes para poder tener un ingreso que sea
acorde a sus necesidades, sobre los cuales no siempre pueden desarrollar (por
falta de tiempo) todos los procedimientos que le permitan saber si uno se está actuando
como cómplice de una empresa fantasma.
Aplicar
a conciencia la política de “conozca a su cliente”, tan difundida a partir de
las resoluciones de la UIF, el desarrollo de verdaderos procedimientos de
auditoría y la correcta y verdadera supervisión por parte del profesional de
los trabajos encomendados a terceros son prácticas necesarias para evitar la
situación antes descripta.
Fuente:
Diario La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1557482-el-estado-acepta-cientos-de-empresas-creadas-por-muertos
)
